Casi mes y medio después de que fuera lanzada la alerta sobre la carne mechada La Mechá, fabricada por la empresa Magrudis SL y causante del peor brote de listeriosis registrado en España, los principales responsables de la compañía fueron ayer detenidos Se trata de José Antonio Marín Ponce, al que la juez considera el dueño real de la empresa; sus dos hijos, el mayor de los cuales, Sandro, figura como administrador y accionista único en el registro mercantil; un familiar y un comercial. A última hora de la tarde, la cuñada y el empleado fueron puestos en libertad y la familia Marín pasará mañana previsiblemente a disposición judicial. Según fuentes judiciales, se les acusa, en diferente grado de participación, de los delitos de homicidio imprudente, contra la salud pública y lesiones al feto. 

Quienes en un primer momento fueron alabados por el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, por su buena predisposición para ayudar en la crisis, han acabado declarando ante la Guardia Civil. Según los investigadores, los detenidos sabían desde el pasado febrero que algunos de sus productos salían contaminados de las líneas de producción, pero no hicieron nada por eliminar el foco de listeria de las instalaciones y continuaron elaborando y distribuyendo el producto. Esa supuesta negligencia es la que ha provocado hasta la fecha tres muertos, siete abortos y más de 200 afectados. La listeria cursa con síntomas leves en personas sanas pero puede ser letal para bebés en gestación y aquellas con el sistema inmunológico debilitado.

“Cuando saltó la crisis, recordamos por correo electrónico a la empresa que uno de sus aislados ya había aparecido contaminado mucho antes. Como no hicieron nada, lo pusimos en conocimiento de la justicia”, explicó a EL PAÍS José Antonio Borrás, propietario del laboratorio Grupo Microal. El laboratorio entregó su informe a los juzgados la segunda semana de septiembre y, según fuentes de la investigación, su contenido ha llevado a que la juez que instruye la causa, Pilar Ordóñez, activara la operación de ayer.

Ni los laboratorios ni los empresarios tienen obligación legal de advertir a las autoridades de los análisis positivos, pero los fabricantes sí tienen el deber de adoptar las medidas correctoras. Los investigadores quieren aclarar ahora por qué los dueños de Magrudis no adoptaron las medidas prevista y, además, ocultaron esos análisis a los inspectores que visitaron las naves tras la alerta. En sus comparecencias públicas tanto Marín como su hijo Sandro aseguraron haber pasado con éxito todos los controles sanitarios.

Facua y Defensor del Paciente han presentado denuncias de personas que comieron la carne mechada en diciembre de 2018 y en el primer trimestre de 2019. La Junta de Andalucía ha confirmado que la cepa de la bacteria de Magrudis se hallaba en muestras tomadas ya en marzo.

La operación arrancó ayer al amanecer, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil entraron en dos viviendas de Dos Hermanas (Sevilla) vinculadas con los propietarios de Magrudis. Pasadas las once de la mañana, fueron detenidos Marín Ponce, a quien la juez considera el “administrador de hecho” de la empresa; sus dos hijos, su cuñada y un comercial de la cárnica. La magistrada admitió a trámite el 12 de septiembre la primera querella contra Magrudis que Facua interpuso el 23 de agosto. En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla ordenaba investigar a Marín y su hijo Sandro por supuestos delitos contra la salud pública y lesiones.

El administrador de hecho de Magrudis, su familiar político y el empleado fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil, donde se les tomó declaración. Los hijos, Sandro y Mario, acompañados por la juez Ordóñez, llegaron a las naves de Magrudis a mediodía. El rostro serio del mayor y la actitud nerviosa del pequeño contrastan con la actitud desafiante y despreocupada que ambos mostraban a la entrada de la fábrica el 20 de agosto, cinco días después de que la Junta decretara la alerta sanitaria. 

Registro 

A las dos de la tarde finalizó el registro y los hermanos Marín fueron conducidos a la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), donde se les tomó declaración. Ambos aparecen como titulares de las dos naves de Magrudis, comunicadas entre sí, y que fueron inspeccionadas. Las dos estaban enganchadas a la red eléctrica de manera ilegal, explican fuentes de la investigación. La que está a nombre del menor de los Marín aparece en el registro mercantil como Elaborados Cárnicos Mario SL y fue creada en octubre de 2017, segun ha desvelado a última hora de esta noche Facua. Los agentes también se llevaron la furgoneta de la empresa y cajas con documentación.

El Ayuntamiento de Sevilla, que tiene la competencia en materia de salud alimentaria en la capital, ordenó el precinto de las naves el 30 de agosto, al constatar la deliberada obstrucción que los propietarios estaban realizando a la investigación de los técnicos. En ese tiempo, la familia Marín ha podido entrar y salir libremente del recinto. La Junta anunció ayer mismo otra querella contra Magrudis. Mientras, el brote continúa remitiendo. Solo son 12 los pacientes ingresados. Una es una mujer embarazada.

Fuente elpais